Treinta mil millones de dólares por año se necesitan para garantizar el derecho a la alimentación adecuada de las 923 millones de personas que pasan hambre en el mundo, según las últimas estimaciones de la FAO. El número llama la atención, especialmente cuando se compara con el paquete de USD 700 mil millones aprobados recientemente por los Estados Unidos para combatir la crisis financiera. Nadie tiene dudas sobre la gravedad de la crisis, pero el problema del hambre no es menor ni puede ser dejado para después. Quien tiene hambre tiene prisa, no puede esperar. El alza de los precios de los alimentos elevó en 75 millones la población subnutrida en 2006/2007. El número de personas con hambre debe haber subido aún más en 2008, porque los precios de los alimentos continuaron subiendo en promedio un 40 % desde el principio del año. Y ahora atravesamos una grave crisis financiera, que puede agravar aún más este cuadro de privaciones. Una recesión tendría efectos graves sobre la seguridad alimentaria, especialmente en regiones como América Latina, donde el problema no es la disponibilidad de alimentos, sino la falta de acceso a ellos. Un crecimiento menor puede hacer más precario aún dicho acceso si resulta en una menor generación de trabajo y de rentas. En 2006/2007, la población con hambre en América Latina y el Caribe subió en seis millones, alcanzando los 51 millones de personas. Entre el inicio de la década del 90 y el 2005, la población con hambre en la Región había caído de 53 a 45 millones de personas. Por lo tanto, no es que no tengamos mejoras, sino que no hemos sabido mantenerlas. En nuestra Región, dos años de alza de los precios de los alimentos pudieron deshacer casi todos los avances de los quince años anteriores. Hoy, para poder cumplir con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación de cortar por la mitad la población subnutrida para el 2015 tenemos que reducir el número de hambrientos en 3,5 millones de personas por año. Pese a lo anterior, los números de América Latina y el Caribe son mejores que la media mundial. Entre el inicio de la década de los 90 y el 2005, la población total de personas con hambre en el mundo subió de 842 millones hasta 848 millones, y en 2007 alcanzó los 923 millones de personas. Eso significa que celebramos el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre estando más lejos del objetivo de acabar con el hambre. Pero todavía es una meta posible. Enfrentamos una emergencia y necesitamos actuar rápido, pero la seguridad alimentaria no se garantiza sólo con acciones de corto plazo. Sin una mirada estratégica de largo plazo, continuaremos enfrentando el hambre de batalla en batalla, corriendo el riesgo de que una derrota eche a perder muchos de los avances que se han obtenido con las pequeñas victorias del pasado. Felizmente, los gobiernos ya están tomando una serie de medidas para reforzar la protección social de los más pobres, elevar la producción agrícola a través de estímulos para la agricultura familiar y reducir los precios internos de los alimentos. Las organizaciones internacionales están apoyando esas iniciativas y promoviendo otras. La FAO, por ejemplo, está reforzando el desarrollo de la capacidad productiva de la agricultura familiar y distribuyendo insumos agrícolas, especialmente semillas, para permitir un aumento inmediato de la producción mediante la Iniciativa Relativa al Aumento de loa Precios de los Alimentos (ISFP por sus siglas en inglés). En un análisis de las medidas adoptadas por los países de América Latina y el Caribe en respuesta al fenómeno de alza de los precios, la Oficina Regional de la FAO identificó algunas tendencias que merecen atención. El incentivo de la agricultura familiar se ha mostrado como algo esencial para alcanzar el objetivo, ya que transforma un aspecto del problema en una parte de la solución. Brasil es uno de los países más avanzados en dichas políticas de apoyo a la agricultura familiar, con programas como Pronaf y el PAA, que garantizan crédito para la inversión y mercados asegurados para la venta local de la producción obtenida. La combinación de compras locales de la agricultura familiar para alimentar las redes sociales existentes- en especial las comidas escolares- es considerada uno de los mecanismos más promisorios para dinamizar las economías locales. Eso es importante, ya que en América Latina el crecimiento de la agricultura no se está traduciendo automáticamente en una reducción de los niveles de pobreza e indigencia rural en muchos países. Por más paradojal que pueda parecer, la subnutrición es mayor en las zonas rurales, especialmente en aquellas donde predominan los pequeños agricultores pobres que producen la mayor parte de los productos para su propia subsistencia. El potencial productivo de esas áreas se vio comprometido por la falta de recursos para inversiones y por la pobreza de los mercados locales. Fortalecer la agricultura familiar es también una forma de aumentar la capacidad de respuesta frente a eventuales crisis. En Honduras, por ejemplo, el proyecto ISFP está reforzando un programa de distribución de insumos agrícolas del gobierno con semillas producidas por agricultores familiares capacitados anteriormente por la propia FAO. Países pobres que son importadores de alimentos también están valorizando productos de su alimentación tradicional, cuyo consumo ha venido siendo dejado de lado, y los cuales son más baratos que la comida importada. Las medidas tomadas no sólo se restringen al ámbito nacional. Los países de América Central y República Dominicana están implementando una serie de acciones articuladamente, para facilitar el comercio regional y realizar compras conjuntas de insumos agrícolas. Eso es importante porque permite conseguir mejores precios para insumos como fertilizantes, ya que individualmente, dichos países tienen mercados relativamente pequeños. Este momento también requiere repensar el papel del Estado en la agricultura de una manera más amplia. Es preciso fortalecer, pero también renovar la institucionalidad rural y agrícola. De eso depende el apoyo a la agricultura familiar y la implementación de políticas que permitirán el regreso de la inversión, incluyendo la investigación, para que estén disponibles para un mayor número de productores. La renovación pasa también por la inclusión de nuevos actores –cooperativas, asociaciones y otros representantes del sector rural- en los procesos de discusión, diseño e implementación de las políticas. Lo que estamos viendo en términos de respuesta a la crisis nos da la esperanza que la base está siendo creada para evitar que se repita en el futuro. Pero el riesgo de seguir reaccionando solamente de emergencia en emergencia es aún muy grande.
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