Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2011
La edición 2011 del Panorama analiza los efectos del alza y mayor volatilidad de los precios internacionales de los alimentos en la región. La combinación de esos factores genera una situación que no beneficia a los productores ni a los consumidores.
Los precios altos aumentan los riesgos a la inseguridad alimentaria de los países importadores netos de alimentos y reducen el acceso a los alimentos de la población más pobre, quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
Los elevados precios de los productos básicos agrícolas constituyen también una oportunidad real de dinamización del comercio intrarregional de alimentos y particularmente de los bienes no transables (frijol, maíz blanco, quínoa, etc.) Aunque los precios altos suelen incentivar la inversión, la volatilidad que se observa desde 2007 (la mayor volatilidad de las últimas dos décadas) ha impedido que esto ocurra.
La velocidad de los cambios ha sido un obstáculo adicional para la respuesta de los gobiernos, de los productores y de los consumidores. La abrupta subida de los precios alimentarios en 2008 dejó a millones de familias vulnerables desprotegidas, y muchos gobiernos no pudieron reaccionar a tiempo porque no tenían la institucionalidad pública necesaria para fortalecer sus programas de protección social. A su vez, los productores que sembraron en 2008 comprando insumos a precios caros, con la expectativa de ganancias que les permitiesen recuperar la inversión al momento de la cosecha, tuvieron precios de venta menores a sus costos de producción al momento de vender.
A partir de junio de 2010 los precios de los alimentos volvieron a elevarse, y en agosto de 2011 nos encontramos en un nuevo nivel de precios de los alimentos, 130 % mayor que el que hubo en promedio en el período 2000-2005. Este nuevo nivel es incluso 3,1 % mayor que el punto máximo que alcanzaron los precios en junio de 2008, en plena crisis financiera y económica.
Según los pronósticos de la FAO y la OCDE, los precios permanecerán altos y volátiles en los próximos años. Éste es el escenario en que debemos manejarnos. La incertidumbre que provoca la elevada volatilidad de los precios, sumada a los bajos grados de competencia que prevalecen en muchos de los mercados de los alimentos, significa que los altos precios no le lleguen a buena parte de los productores agropecuarios, particularmente los agricultores familiares, quienes no pueden aprovechar las oportunidades que representan. Contradictoriamente, los altos precios sí se traspasan de manera más directa a los consumidores. Lo anterior restringe la capacidad de respuesta de los productores a los precios altos y aumenta la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los más pobres.
El panorama económico y financiero también se mantiene imprevisible. Prevalece la incertidumbre, la cual se manifiesta como un mayor riesgo para la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables en América Latina y el Caribe, región en la cual 52,5 millones de personas sufren hambre, el 9 % de su población total.
Más allá de la coyuntura, lo que marca este reciente período de crisis ha sido la apertura de un amplio debate internacional sobre los fundamentos mismos y los límites estructurales del estilo de desarrollo predominante. Lo que se cuestiona es el predominio del mercado sin contrapesos, alimentado por un proceso de globalización carente de mecanismos de gobernanza, que ha convertido a la desigualdad en el estigma de nuestra época.
A estas alturas nadie pone en duda el hecho de que el crecimiento de las economías es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población y generar empleos. Sin embargo, cada vez hay mayor consenso político y social sobre el hecho patente de que dicho crecimiento es insuficiente en sí mismo, debido a las profundas desigualdades en la distribución de los ingresos.
Producto de lo anterior, y de las lecciones derivadas de aquellos países que han logrado amortiguar mejor las consecuencias de la crisis en la seguridad alimentaria de su población, es que las sociedades latinoamericanas están demandando un papel más protagónico del Estado. Piden un nuevo balance entre el mercado, la sociedad y el Estado, en el cual éste último cumpla su papel de regulador y sea más eficiente en la provisión de bienes públicos.


