Subtraer espacios a la incertidumbre

La palabra incertidumbre rige la agenda de nuestro tiempo y eso no cambiará en el corto plazo. Se trata de un estado de ánimo que se ha expandido desde la crisis financiera a la vida política, y desde ahí a la vida cotidiana, donde la volatilidad dicta el ritmo de nuestros días.

Reducir la incertidumbre requiere consolidar zonas de seguridad de manera gradual, que permitan la planificación democrática de un futuro más sustentable. La seguridad alimentaria es uno de los elementos claves que le devolverán a la sociedad el control sobre su destino.

En un momento en que la recuperación mundial camina con pasos titubeantes, la agenda de la seguridad alimentaria ofrece un pedazo de tierra firme por el cual puede avanzar la humanidad.

Luchar contra el hambre significa invertir en la agricultura para aumentar la producción de alimentos, generar ingresos y empleo y reducir presiones inflacionarias a escala global, entregando una base firme a la recuperación del crecimiento macroeconómico.

Sería un despropósito tratarlo como tema lateral a la agenda de la crisis.

Las predicciones señalan que para el año 2050 la población mundial alcanzará 9 mil millones de personas, todas las cuales requieren una buena alimentación. Coordinar el flujo de la oferta y demanda de alimentos de una población creciente no puede ser dejado a cargo del funcionamiento ciego de los mercados no regulados. Tampoco podemos darnos el lujo de improvisar.

Garantizar la seguridad alimentaria requiere una delicada mezcla de ingeniería política y conocimiento técnico para movilizar de manera conjunta las fuerzas del mercado, de los gobiernos y de la sociedad.

Hay experiencias exitosas que permiten ser optimistas y que podrían replicarse a nivel mundial, como la que se ha desarrollado en Brasil desde el año 2003, con la implementación de Hambre Cero. Este es un programa de seguridad alimentaria integral con más de 50 acciones e iniciativas desplegadas, que ha contribuido a una reducción significativa del hambre y de la pobreza extrema.

Si acciones de esta índole hubiesen recibido inversiones de magnitud modesta en comparación a los montos dedicados al rescate del sistema financiero global, se podría haber evitado la situación de emergencia alimentaria que hoy está castigando tan duramente al Cuerno de África.

Estas inversiones contribuirían, además, a cerrar una brecha en la productividad agrícola entre los países pobres y los ricos, que el mercado por sí sólo no va a solucionar. Es necesario cerrar esta brecha para que los países pobres se beneficien de los mayores precios de los alimentos, que son una realidad que está aquí para quedarse. Ante los altos precios de los cereales en 2008, los países ricos respondieron incrementando su producción en casi un 13 %, mientras que en las economías pobres y en desarrollo el aumento se limitó a 3,5%, cifra que baja hasta 0,5 % si se excluye a Brasil, China y la India.

A nivel doméstico, el gasto con alimentación representa en promedio más de la mitad del presupuesto familiar de las poblaciones más pobres. Es fácil percibir el impacto que cada nueva alza causa en las personas que viven al borde de la miseria.

Desde marzo de 2011, el índice de precios internacionales de FAO permanece prácticamente estable, pero casi 40% por encima de su nivel de 2010.

La volatilidad de los precios de los alimentos es tanto o más grave que el alto nivel en que se han estabilizado dichos precios . Mientras el mundo busca nuevos consensos para regularlos, la mitigación de las oscilaciones tendrá que realizarse con la gestión de las existencias mundiales y los esfuerzos por aumentar la producción en los lugares más vulnerables.

Una dimensión que traería beneficios inmediatos para reducir la incertidumbre es la transparencia sobre la disponibilidad física de alimentos, hoy administrados en gran parte por empresas privadas.

 Esto contrasta con la manera cómo se manejan las reservas de vacunas, que son vitales para la supervivencia humana. En este caso, la transparencia es considerada un derecho de la sociedad y un deber para los mercados. Y el Estado es responsable de poner en práctica las regulaciones necesarias.