Prensa

Políticas Forestales Públicas - Reflexiones sobre América Latina
Carlos Marx R. Carneiro
Oficial Principal Forestal de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Hace algunos años, organizamos en la FAO, en apoyo a los Programas Forestales Nacionales, un estudio sobre las políticas forestales en Sudamérica y el Caribe. Uno de nuestros objetivos centrales fue conocer el planteamiento de las orientaciones de las políticas forestales que habían venido dominando el accionar de la actividad forestal en los países de la región y, lo más importante, buscar los mecanismos que permitieran su efectiva aplicación.

Recuerdo que el estudio tenia por objetivo proporcionar a los encargados de establecer las políticas forestales a nivel nacional y regional, una visión general sobre los procesos de formulación así como también las orientaciones que deberían ser consideradas por las mismas como consecuencia de la nueva visión de los bosques y de los compromisos contraídos por los países a nivel internacional en los años “post – Rio de Janeiro”.

Cuando analizamos las políticas forestales públicas a nivel regional, nos dimos cuenta que no existían procesos específicos para formulación de políticas salvo algunos intentos realizados por FAO o el mismo Tratado de Cooperación Amazónica; por otro lado, sus ejecuciones estaban supeditadas a la voluntad política en cada uno de los países participantes y se trataba básicamente de acuerdos no vinculantes, de aplicación voluntaria y de poco impacto práctico. Recuerdo que las propuestas de políticas formuladas no se habían convertido en políticas de estado y que sí existían varias brechas entre los compromisos asumidos por los países a nivel internacional y su aplicación a nivel nacional como consecuencia de la falta de alianzas estratégicas con otros sectores del gobierno y principales actores de la sociedad civil, sector privado etc. ya que el sector forestal, por si solo, no tenia suficiente fuerza para lograr la aplicación de estos acuerdos. Otro factor que mencionaban, era la inadecuada representación de los países en los foros internacionales así como también la escasa comunicación hacia las instituciones encargadas de las políticas forestales a nivel nacional imposibilitando el seguimiento de las discusiones y participación de los grupos en las categorías mas ejecutivas.

Por otro lado, cuando se analizó la formulación de las políticas forestales nacionales de los diferentes países, se vio que casi todas surgieron como resultado de un proceso altamente centralizado, con escasa participación de los principales grupos de interés. En aquellos casos en donde hubo una mayor o menor participación de estos grupos, los mecanismos de participación por lo general no cumplían con sus objetivos ya que sus participantes solo emitían opiniones que podían o no ser consideradas. Por esta razón, la existencia de un mecanismo de participación pública bien estructurado para la gestación de políticas públicas no es garantía suficiente de éxito en la implementación de las mismas ni en la consecución de las metas. El grado de compromiso político y una efectiva integración de las metas forestales dentro de un plan de desarrollo económico nacional es el factor determinante.

Analizando las políticas y legislaciones forestales de los países de la región, se verifica que el manejo forestal sostenible de los bosques naturales y la detención de los severos procesos de deforestación constituyen la principal preocupación de todos; sin embargo hay coincidencia de que tanto la aplicación de las políticas como de la legislación han tenido un efecto limitado dada la gran cantidad de elementos que se conjugan a este problema central, destacándose los aspectos sociales que no han sido tomados en consideración con la profundidad que ameritan. Igual resultado ocurre con la conservación de los recursos forestales y la diversidad biológica. Lo mismo cuándo se trata de crear un mercado atractivo para los productos generados del MFS (hay que ver que actualmente la madera es solo uno de los elementos de este mercado y ni siempre el mas importante ecológica y económicamente). El centralismo de las instituciones forestales es uno de los principales problemas que los estudios apuntan. Habría necesidad de mejorar la gestión de las instituciones del Estado que se relacionan con el bosque y el sector forestal. Además mencionan la necesidad de fortalecimiento de la enseñanza forestal incorporando en la misma todos aquellos temas que en el último tiempo cobran especial trascendencia como cambio climático, bioenergía etc. en los varios niveles y la realización de investigaciones en políticas forestales, algo que ha no ha sido tomado mucho en consideración.

Como puede verse, el tema de la política forestal es complejo. Tanto en su formulación como especialmente su puesta en práctica.

En el caso de Chile, aun no existe una política de estado explícita para el sector forestal. La FAO a través del Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales se encuentra actualmente apoyando una iniciativa que tiene como principal objetivo presentar a consideración de los principales actores que forman parte y están directa o indirectamente relacionados con el sector forestal nacional una Propuesta de Política Forestal en respuesta a la evidente carencia de un gran acuerdo de los principales tomadores de decisión del sector, respecto a una hoja de ruta común de desarrollo sectorial.

En lo que dice relación con la legislación forestal, en el caso de Chile el principal avance lo constituye, sin lugar a dudas, la tramitación y aprobación por parte de los dos principales órganos legislativos del país (Cámara de Diputados y Senado) de la Ley del Bosque Nativo ampliamente esperada por los principales actores sectoriales, proceso que duró 15 años y que hoy está a las puertas de ser Ley de la República. La idea de la necesidad de éste proyecto de Ley para el bosque nativo queda ya plasmada dentro de las principales recomendaciones del Plan de Acción Forestal para Chile, proceso que fue apoyado por la FAO.

Estamos seguros de los positivos impactos que la Ley del Bosque Nativo aportará a los 13,43 millones de hectáreas de bosques naturales chilenos, especialmente a los 3,5 millones de hectáreas de renovales potencialmente recuperables mediante manejo, con la creación de unos 38 mil empleos directos e indirectos y con la preservación de mas de 500 mil hectáreas de bosques nativos y formaciones xerofíticas además de la producción de mas de 1750 MW si se realizan inversiones para aprovechar la biomasa y desechos forestales del bosque.

Por todo eso hay que felicitar a todas y todos en Chile que con mucho trabajo llegaran a este importante e histórico punto. Ahora, como mencionamos al inicio de nuestras observaciones, llegó la fase de implementación. La que todos deseábamos desde los años noventa.

Al igual que en otros procesos similares en otros países, habrá ahora que regular el tema para organizar todo el proceso institucional y con todos los actores que directa o indirectamente dependen de los bosques O sea, será necesario elaborar el inventario preciso de los recursos, del número de pequeños y medianos propietarios, los recursos destinados a los subsidios, definir mercados emergentes y tradicionales  para los productos, conservar las áreas de alto valor (biodiversidad y otros usos), relaciones con el sector privado, así como definir cambios estructurales.

Las experiencias de tantos otros países nos hace ver que es necesario formular recomendaciones sobre las mejores prácticas para mejorar el cumplimiento de la legislación forestal, con especial énfasis en el marco normativo y jurídico, las estructuras y mecanismos institucionales (buena gobernabilidad) para alentar la participación de la sociedad civil, y la transferencia de tecnología e información.

O sea, el proceso recién está iniciando y necesitará la colaboración de todos.