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COMUNICADOS
DE PRENSA
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La Conferencia Regional de la FAO se reúne cada dos años y a ella asisten los Ministros de Agricultura y otros altos funcionarios provenientes de 33 países de la Región. En atención a la realización de esta importante reunión internacional, el Ministro de Agricultura de Perú, Dr. Carlos Gustavo Cano Sanz, nos dio a conocer su opinión sobre temas de actualidad de la agricultura en la Región de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles
son las principales perspectivas del sector agrícola en la Región
de América Latina y el Caribe? Un desarrollo agrícola basado en acuerdos y consensos entre los diferentes sectores de la sociedad: el Estado, los empresarios y las comunidades. La sociedad civil jugando un papel preponderante en el bienestar económico y social de cada país, lo que permitirá a los Gobiernos orientar sus acciones en varios frentes: modelos de regulación mediante políticas diferenciadas, creación de escenarios adecuados para la participación del sector privado, intermediación para el establecimiento de acuerdos entre los diferentes sectores económicos, sin desconocer las intervenciones directas y focalizadas que deberán brindar los gobiernos a las poblaciones altamente vulnerables y en estado de emergencia. El impulso a la competitividad agropecuaria será uno de los ejes fundamentales, mediante la modernización de la producción nacional, la integración de los mercados, la consolidación de acuerdos regionales y subregionales, y la generación de mayores ingresos al productor. Luego la actividad agrícola estará orientada hacia la conformación de unidades productivas empresariales en subregiones especializadas e integrada en cadenas de comercialización y transformación, para la producción de bienes con alto valor agregado y elevado nivel de calidad. Una condición para mantener la competitividad es la sostenibilidad de los procesos de producción. Por tanto, el crecimiento económico se debe sustentar en el uso apropiado de los recursos naturales, con una visión de largo plazo y en el marco de los compromisos internacionales, garantizando el equilibrio entre las necesidades sociales y económicas de los productores y la capacidad de los ecosistemas naturales para satisfacerlas. ¿Qué
opina de la situación que enfrenta Latinoamérica en lo
relativo a la lucha contra la pobreza? ¿Qué piensa de la situación de la Región de América Latina y el Caribe en cuanto a las perspectivas futuras del comercio agrícola internacional? Considero que se debe cuidar y proteger razonablemente la agricultura, principalmente a la luz de la negociación de un Tratado de Libre Comercio -TLC- con Estados Unidos. Esta protección debe ser selectiva y razonable dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio y con arreglo estricto al programa de gobierno de cada país de América Latina, porque el mercado mundial de bienes de origen agropecuario está muy lejos de liberarse y más aún cuando el sector agrícola viene haciendo aportes significativos en la economía de la región. Las propuestas de los países en desarrollo en el ámbito multilateral no sobreviven ante las soluciones puntuales que les ofrecen en el plano bilateral los más avanzados. Estados Unidos y la Unión Europea, que responden por las dos terceras partes de los subsidios agrícolas del mundo, son los reales formadores de los precios internacionales de los llamados bienes agropecuarios sensibles, entre ellos leche, azúcar, arroz, maíz y algodón, en cuya producción, bajo condiciones de un comercio global genuina y totalmente libre de subsidios y sus consecuentes distorsiones, varios países latinos podrían ser altamente competitivos. En el TLC con Estados Unidos - y aún dentro de ALCA -, de los tres pilares sólo se negociarían dos: acceso a mercados y subsidios a las exportaciones, quedando por fuera los subsidios internos, que, en el caso de Estados Unidos, representan la gran mayoría. Chile en su TLC
con Estados Unidos le apostó a que los subsidios internos serían
negociados en la OMC. De ahí su profunda preocupación
tras Cancún. Y de ahí el término ALCA light, y
la importancia vital para Colombia de las negociaciones de la OMC hasta
el cumplimiento del mandato de Doha de cara a su eventual TLC con Estados
Unidos. En el caso de Colombia, según el IFPRI, la balanza agropecuaria neta de hoy (exportaciones menos importaciones) sería más alta en US $743 millones y el 50% del aumento de sus exportaciones agropecuarias provendría de la liberalización total y genuina del agro de Canadá y Estados Unidos. Es por esto que estoy proponiendo un Capítulo esencial de un TLC Colombia - Estados Unidos para la creación de un fondo para la innovación y la adopción de tecnología en el agro, en especial de biotecnología de punta y readaptación del talento humano. Dicho fondo deberá contar con importantes recursos no reembolsables provenientes de la cooperación norteamericana, como sucedió durante la revolución verde, y además enmarcarse dentro del compromiso de la co-responsabilidad internacional en la lucha contra el narcotráfico. Bien es cierto que los países desarrollados sí han reducido los aranceles de los bienes no sensibles, pero mantienen normas en extremo restrictivas y para los bienes sensibles mantienen la protección con altos aranceles, cuotas, subsidios internos y a las exportaciones, con excepción de Estados Unidos que la aumentó con su Farm Bill de 2002. La protección en Colombia, como en otros países de Latinoamérica es irrisoria frente a la de los países desarrollados y a la de los demás sectores de la economía nacional, y sus medidas son insuficientes para contrarrestar las distorsiones del mercado internacional agrícola. Por la crónica insuficiencia de recursos fiscales, la única defensa es la protección transitoria en frontera. Todos los productos
agrícolas procedentes del exterior, que hayan sido objeto de
ayudas internas a la producción o subsidios a la exportación
o políticas monetarias o económicas con impacto de distorsión
en los precios, generan competencia desleal a la producción nacional
al ingresar a un país. Por estas razones se debe establecer un
tratamiento especial según el caso, incluyendo políticas
arancelarias para aquellos productos en los cuales las distorsiones
externas perjudiquen a los productores nacionales en detrimento de su
ingreso y del empleo nacional. Este tratamiento cobra especial trascendencia
cuando los afectados son las poblaciones campesinas.
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