Actividades

Jornadas de estudios internacionales en América Latina, el Caribe y de la Unión Europea. "cohesión social y desarrollo sostenible"

Declaración de Lima

Más de 200 docentes, investigadores y expertos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, provenientes alrededor de 100 universidades, de 25 países de las dos regiones, nos hemos reunidos los días 28, 29 y 30 de abril del 2008, en Lima-Perú, en las Jornadas de Estudios Internacionales en América Latina, el Caribe y de la Unión Europea cuyo título fue: “Cohesión Social y Desarrollo Sostenible”(Lucha Contra la Pobreza; la Desigualdad y la Exclusión Social; Medio Ambiente; Cambio Climático; Energía).

Nuestras reflexiones se han realizado en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y Unión Europea – Perú 2008 (ALC-UE) y forman parte de un intenso diálogo que a todo nivel se lleva a cabo en ambas regiones a propósito de dicho evento y en un prometedor período de asociación política biregional. Como se sabe, en ese proceso se han reunido jóvenes, actores sociales, políticos, empresariales, académicos y de la cooperación internacional.

Nuestras jornadas han fueron organizadas por el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ha contado con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Para el Desarrollo (AECID), la Comisión Europea, el Banco de la Nación y PETROPERU y Comisión Europea. Y con la cooperación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), las Embajadas de: Alemania, Chile, Brasil, Italia, Ecuador, Francia y Países Bajos, la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), ECSA.- América Latina, y el Centro de Políticas Públicas (CPP), de la Universidad de San Martín de Porres, entre otros.

RECONOCIENDO:
Que a pesar de su respectiva identidad, América Latina y el Caribe y Europa comparten raíces, valores y objetivos comunes y una visión del mundo que se fundamentan y afirman en los principios de la igualdad, la solidaridad y el desarrollo humano sostenible en el camino de alcanzar el 2010 una asociación estratégica.

Que constituimos una alianza de hecho en la búsqueda de la gobernabilidad en América Latina y el Caribe a partir de la construcción de sociedades más democráticas, más estables y sostenibles, más justas y más inclusivas, considerando al mismo tiempo, los desafíos de la exclusión, la pobreza y la equidad social.

Que ambas regiones comparten objetivos comunes que, orientados en la perspectiva de alcanzar sociedades de bienestar, los conducen a los propósitos irrenunciables de la cohesión social, instrumento crucial para la ejecución exitosa de políticas públicas de los Estados de ambas regiones.

Que aspiramos de modo decidido al fortalecimiento de los vínculos entre nuestras regiones y de su visibilidad para sus ciudadanas y ciudadanos a través de la cooperación integral en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales en el marco de la consolidación de la democracia y la mejora de su calidad, profundizando los procesos de participación ciudadana, la descentralización regional y local y el desarrollo de los derechos ciudadanos.

Que tomamos debida nota de la importancia que para nuestras regiones significa alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuesto por las Naciones Unidas, desafío que demanda un mayor y más firme compromiso de las ciudadanas y ciudadanos y de los estados a partir de las alertas globales planteadas en torno al cambio climático y la reciente alza mundial de los alimentos.

Que somos conscientes de la importancia que en el corto y mediano plazo significan para nuestras regiones los problemas de la nutrición, de la protección de la salud y el cuidado del ambiente, como condiciones impostergables del desarrollo sostenible, que hacen igualmente irrenunciable el compromiso de acabar con la desnutrición infantil el 2015.

Que las reflexiones de nuestras jornadas han tenido como ejes tanto la cohesión como el desarrollo sostenible en su múltiple condición de paradigmas, instrumentos y modelos para el logro del bienestar social de los países y pueblos de ambas regiones.

Agradecidos a Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por la hospitalidad durante las Jornadas de Estudios Internacionales.

Agradecidos y complacidos por su hospitalidad con la ciudad de Lima y con la Facultad de Derecho de la USMP en cuyas instalaciones hemos deliberado.

Declaramos y planteamos las siguientes conclusiones derivadas de las ponencias y debates generados durante los días de las Jornadas de Estudios Internacionales

DECLARAMOS

I. POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA DISMINUIR LA DESIGUALDAD. LA EXPERIENCIA EN LA COHESIÓN SOCIAL.

1. Nuestra propuesta es que se reconozca que se registran diferentes tipos de pobreza y, por lo tanto, inevitablemente diferentes formas de solución y de enfrentarlas. Actuando bajo esa visión el Estado debe apelar a experiencias de otros países que han aplicado políticas públicas eficaces para reducir la pobreza, priorizando al mismo tiempo los sectores productivos y el desarrollo social. Participamos en ese sentido de la preocupación por afirmar en la lucha contra la pobreza un modelo con opciones económicas y políticas situadas en el mismo nivel de los desafíos.

2. Observamos que América Latina y el Caribe, es la región más desigual del planeta, donde la pobreza se expresa, además de sus variables propias, como un resultado de la exclusión y la inequidad. En tal medida, afirmamos la validez histórica de los programas y políticas que no sólo aspiran a reducir la pobreza sino a procesos conscientes, premunidos de una fuerte voluntad política, para disminuir la desigualdad social y la exclusión.

3. Valoramos como claramente positivo el proceso de crecimiento económico que se opera en América Latina y el Caribe en su conjunto, a tasas regionales y nacionales relevantes, en procesos que deben de tener continuidad y perfeccionamiento. No obstante, consideramos que la pobreza, el hambre y la subnutrición en nuestros países aún son altos a pesar del tiempo transcurrido y de las políticas sociales que se ejecutan. Constamos frente a ello, en varios países de América Latina un déficit en la avocación de los Estados a la tarea de la distribución de los beneficios del crecimiento mediante la inversión pública, el desarrollo de las alianzas público/privada y el estímulo a la inversión

4. Apostamos a que los estados de América Latina y el Caribe y la Unión Europea realicen esfuerzos para estrechar sus lazos de cooperación a través de la ejecución de políticas concretas, orientados a reducir los montos de pobreza y desigual que caracterizan los países de América Latina y el Caribe, aplicando en lo que sea beneficioso en América Latina y el Caribe el modelo y la gestión de la cohesión social europea, utilizando provechosamente las lecciones aprendidas en el proceso de integración política social y económica europea, en el desarrollo de sus mercados, en la solidaridad, y en la ampliación de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

5. Coincidimos en el carácter resistente de la pobreza rural de América Latina y el Caribe y en la observación de que el actual crecimiento de la región no ha disminuido significativamente ni la pobreza ni la desigualdad rural, situación que se agudiza en algunos países con la presente crisis alimentaria y los efectos del cambio climático. Consideramos que frente a esta realidad son necesarias políticas estatales más agresivas y sostenibles, incluida las de transferencias condicionadas, con componentes descentralizadores del gasto y del suministro de la oferta, el mejoramiento de la productividad rural, la participación de las poblaciones beneficiarias en las actividades de validación y reparto de la oferta, y la modificación estructural de los hábitos de consumo. En ese misma dirección anotamos la necesidad de que en la presente crisis alimentaria, que reconocemos es más de acceso que de déficit de alimentos, además de las medidas arancelarias y de atención urgente de las ciudadanas y ciudadanos con mayor número de necesidades insatisfechas, los estados deben asegurarse de garantizar mínimas reservas nacionales de alimentos de consumo básicos.

6. Teniendo en cuenta que las reformas de Estado impulsados en Europa permitieron resolver los problemas de exclusión social, afirmamos la validez histórica de un ciclo reformista estatal sostenido en América Latina y el Caribe para superara los problemas fundamentales referidos al acceso a los derechos, a los servicios y al mercado, cruciales para pulsar el crecimiento, reducir la desigualdad, poner en marcha agendas, políticas y programas, mejorar el gasto y la recaudación.

7. La desigualdad configura una sociedad diferenciada en que unos cuantos tienen mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Por lo tanto, las políticas públicas, incluso los que se orienten a la universalización de los derechos, deben ser también diferencias y focalizadas para lograr la igualdad entre los ciudadanos. Para tal objetivo no existen fórmulas magistrales.

II. ALC – UE: COOPERACIÓN PARA UN NUEVO ORDEN ENERGÉTICO MUNDIAL

8. Conscientes de que en sociedades complejas como las actuales, la mayoría de las actividades están atravesadas por la cuestión del abastecimiento energético, elemento básico para el desarrollo de los países de la UE y ALC, observamos cómo la desigual apropiación y explotación de los recursos energéticos y el problema del daño ambiental conforman un escenario mundial en el que se torna urgente la cooperación internacional.

9. Reafirmamos lo contenido en el punto 29 de la Declaración Final de la IV Cumbre de Viena de 2006, que señala el compromiso de ambas regiones para promover la eficacia energética y para aumentar el uso de fuentes de energía renovables como un paso importante para la seguridad, la estabilidad y la competitividad en el ámbito del abastecimiento energético y del desarrollo sostenible.

10. Apoyamos la promoción por la UE del desarrollo de energías renovables a partir de biomasas, la utilización del Mecanismo de Desarrollo Limpio entre los países europeos y latinoamericanos y caribeños y, en general de otras fuentes de energía renovable. En tal medida, destacamos la importancia de desarrollar e invertir en las infraestructuras energéticas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a sistemas energéticos fiables y asequibles y los esfuerzos para promover iniciativas de integración energética en América Latina y en el Caribe.

11. Apostamos por la necesidad de una gobernanza energética que genere un marco institucional con beneficios para todos los países, una nueva reasignación de tareas entre los actores públicos y privados, y un manejo de la renta petrolera para mejorar el nivel de desarrollo humano, la democracia y la equidad.

III. COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA MIRADA DESDE LO REGIONAL Y LOCAL

12. Valoramos de modo positivo las iniciativas para la cooperación descentralizada, entendida como aquella que genera una relación horizontal y de reciprocidad entre los estados, los gobiernos nacionales y subnacionales y los gobiernos locales, con vistas a influir en las agendas regionales y nacionales y en el fortalecimiento institucional, para hacer tanto exitosos como irreversibles los complejos procesos que se operan actualmente de internacionalización de las ciudades y la distribución y redistribución de prerrogativas desde los estados nacionales hacia los niveles subnacionales y locales.

13. En tal medida rescatamos y respaldamos el rol de los gobiernos locales en la cohesión social. Consideramos que dentro del modelo del Estado Democrático de Derecho, la descentralización asume también como un desafío la superación de los desequilibrios territoriales y las profundas brechas de equidad, al interior de las zonas urbanas y también urbano/rural, las que deberán ser enfrentadas sin modelos de gestión predeterminados. Somos conscientes que una de las consecuencias de tales desequilibrios y brechas ha sido la gradual erosión de la legitimidad del orden civil, político y público, y el incremento de la insatisfacción y violencia.

14. Observamos que siendo la desigualdad es un freno al desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades de organización de la población es una clave para utilizar el capital físico y generar desarrollo territorial. En ese sentido reconocemos que la cohesión social requiere capital político local, exige vertebración social, la construcción de un interés colectivo y la proximidad relacional de los ciudadanos y el poder público por lo que en la descentralización concebimos a los gobiernos como organizadores colectivos más que proveedores de recursos.

IV. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

15. Comprendemos que la protección del ambiente y la salud de las personas constituye una prioridad en la elaboración de las políticas públicas, los planes de desarrollo, las actividades económicas públicas y privadas, el desarrollo de proyectos de infraestructura productiva y de servicios, y los proyectos de cooperación internacional. Para lograrlo es necesario un compromiso efectivo de todos los actores sociales y políticos.

16. Entendemos que todo deterioro del ambiente va en detrimento directo del derecho de las personas al desarrollo, lo que afecta a los grupos más vulnerables de las diversas sociedades nacionales, ocasiona gastos de mitigación a los distintos niveles de gobierno y perjudica la mejor y más eficiente asignación de recursos públicos. Las acciones institucionales para prevenir o remediar los daños ambientales deben ser oportunas y efectivas.

17. Consideramos que el desarrollo no es posible sin la explotación de los recursos necesarios para la generación de energía, pero que ésta debe lograrse en armonía con el ambiente tendiendo a usar energías limpias y renovables. En tal medida, somos conscientes que la gobernanza del ambiente sólo es posible a través de la generación de mecanismos participativos que permitan lograr una alianza entre los gobiernos, los sectores productivos y la ciudadanía. Ello será posible en la medida que se desarrolle entre todos los actores una agenda positiva que busque mejorar la gestión de los recursos y se integren las políticas nacionales en proyectos de alcance más amplio.

18. Consideramos que los actores económicos deben aspirar a un adecuado balance entre los réditos esperados y los beneficios sociales y ambientales de la colectividad. Se debe entender la responsabilidad social empresarial (RSE) como un compromiso compartido entre el Estado, la sociedad y los agentes económicos que procure el beneficio comunal, favorezca la competitividad y fomente buenas prácticas de gobierno corporativo.

V. LAS RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA

19. Destacamos la importancia política de la Asociación birregional ALC-UE como bien público, considerando el posicionamiento político que ambas regiones pueden tener en el espacio mundial, fortaleciendo el multilateralismo y trasladando la idea de una comunidad de paz y equidad a la esfera internacional, fundada en valores y objetivos comunes.

20. El diálogo birregional debe estar basado en un intercambio de experiencias, donde el ejemplo europeo puede orientar la búsqueda de soluciones colectivas en temas centrales como el rol del Estado y las estrategias de desarrollo social, educativo y medioambiental. Pero también, y tomando en cuenta que América Latina y el Caribe no tienen una voz ni un pensamiento unívoco, Europa debe entender y atender a estas regiones considerando sus dimensiones subregionales, nacionales y locales. En este sentido, instamos a afianzar un pacto que prevea estas especificidades así como las asimetrías existentes.

21. Sostenemos que el gran reto de la relación entre Europa y América Latina y el Caribe es pasar a una comunidad de acción y un espacio común, lo cual requiere plantearse un plan con propuestas concretas respecto a los objetivos políticos más urgentes, tales como las cuestiones sociales, educativas y medioambientales, mejorando los canales de una participación ciudadana que sustente y legitime el diálogo birregional y en vistas del imperativo de avanzar en el proceso de construcción de una Asociación Estratégica birregional en el horizonte de 2010.

22. Creemos que esta Asociación debe avanzar en una convergencia social, económica y ambiental, basada en una solidaridad birregional práctica, que incluya medidas como el fomento del intercambio científico y tecnológico; la creación de instrumentos financieros y fondos comunes para la cohesión social; una ayuda focalizada en la educación infantil y primaria, como punto de partida para empezar a recuperar la desigualdad social; o el establecimiento de un espacio eurolatinoamericano y del Caribe de educación superior, entre otras acciones. Un plan de acción eurolatinoamericano y del Caribe debe referirse también a la superación de las trabas de la cohesión social, como son los efectos de la política agrícola común en los socios extraregionales.

23. La educación, la salud y el cuidado del medio ambiente deben ser atendidas biregionalmente por los más diversos actores y en un sentido bidireccional. Cabe a los gobiernos impulsar acciones como la generación de estímulos fiscales para apoyar la labor de las fundaciones civiles de desarrollo, principalmente en el ámbito educativo; promover la creación de incentivos para la formación continua de profesionales y académicos latinoamericanos y el desempeño de profesores europeos en América Latina, desde una dimensión de cooperación con la región. Pero también las empresas y multinacionales europeas pueden tener un papel determinante, equilibrando las ganancias del comercio e inversión en América Latina mediante la contraprestación de servicios sociales y educativos tendientes a la construcción de un tejido social que garantice la estabilidad regional y mejore las capacidades de acceso a los beneficios del intercambio global. En esa dirección reviste particular importancia la iniciativa para la creación de un Fondo de Solidaridad Eurolatinamerocano y del Caribe y la concreción de la anterior Cumbre de Guadalajara respecto de un espacio de de enseñanza superior en Europa y América Latina y el Caribe para la libre circulación de profesores y alumnos.

VI. SOSTENIBLE DE CARA AL CALENTAMIENTO GLOBAL

24. Las presentaciones efectuadas en relación a este tema cubrieron un rango amplio de aspectos en la lucha contra el cambio climático a nivel global y regional. Ella se centraron en los aspectos referidos a la ciencia del cambio climático, remarcando la importancia de modelar el comportamiento del clima y transversalizar dicha información en los procesos de toma de decisiones. Se constata que todavía existe incertidumbres importantes sobre el rol que juegan las fuentes endógenas naturales de calor del planeta aunque se sabe que su efecto en el calentamiento global es marginal frente a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

25. Las jornadas se introdujeron también en conceptos claves tales como desarrollo sostenible, el principio de responsabilidad común pero diferenciada frente al cambio climático, y el principio precautorio. Abordaron la dimensión ínter-temporal e interregional que rodea a un problema de escala mundial y la dimensión del sistema climático como patrimonio mundial a ser transferido a las futuras generaciones, lo que fue remarcada acertadamente. Coincidimos en que la capacidad de la atmósfera planetaria es uno de los servicios eco-sistémicos globales que forman parte del capital natural de las naciones, junto con otras formas de capital (manufacturado, humano, social) que conforman la base productiva de los países aunque desafortunadamente el carácter de un bien público mundial ha devenido en que los servicios de la atmósfera sean tratados como un bien de acceso abierto.

26. También hemos debatido sobre el cumplimiento de compromisos y la necesidad de aproximarse al cambio climático de manera creativa y desde nuevas perspectivas, lo que se encuentra íntimamente ligado al diseño de instrumentos de política pública para hacer frente al cambio climático y la capacidad de “enforcement” de los mismos por parte de las autoridades pertinentes. En relación a ello, existe una discusión sobre si estos instrumentos deben promover cambios en comportamientos para mitigar emisiones o adaptarse al cambio climático o si simplemente generan recaudación por pago de multas sin alterar conductas.

27. Es apreciable la complejidad de las negociaciones internacionales para que los países desarrollados y en desarrollo asuman compromisos comunes pero diferenciados frente al cambio climático que puedan ser medibles, verificables y reportables, un problema frente al cual se impone el desafío de contextualizar el problema del cambio climático en el desarrollo sostenible. No hay excusa para la inacción por lo que se debe adoptar medidas urgentes a partir de una aproximación interdisciplinaria e intersectorial al cambio climático, favoreciendo el encuentro de las disciplinas, generando el conocimiento y que le político y el negociador avancen paso a paso con el científico. En ese sentido se considera tres ámbitos de acción frente al cambio climático: a) en el terreno de la responsabilidad publica se debe trabajar con la evaluación de políticas y la rendición de cuentas; b) en el ámbito del sector privado corporativo se debe reinventar el concepto de responsabilidad social corporativa; y c) en el ámbito de la ciudadanía es preciso trabajar en el tema del consumo responsable.

28. Sobre el diálogo y negociación entre ALC y la UE en torno al cambio climático, éste debe orientarse a una posición convergente, para coordinar líneas de asistencia técnica en los siguientes aspectos: a) el fortalecimiento de la institución responsable del diseño de la política pública referida al cambio climático (adaptación y mitigación), incluyendo el fortalecimiento de la base científica sobre la cual se construye dicha política; b) el fortalecimiento de las capacidades nacionales para medir cuantitativamente costos y beneficios del cambio climático y para medir cambios en la base productiva de los países a fin de monitorear si estamos en una senda de desarrollo económico sustentable; c) el fortalecimiento de las capacidades para el diseño e implementación de instrumentos de política ambiental efectivos para hacer frente a los desafíos del cambio climático; c) la asistencia técnica para el cambio en la matriz energética, el aumento en la eficiencia energética y la difusión de energías renovables; d) la asistencia técnica para fortalecer la capacidad nacional de modelación del clima; y e) el relanzamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio y la coordinación del diseño y/o implementación de mecanismos similares en la fase post-Kyoto.

29. Finalmente, para encarar el desarrollo sostenible con una respuesta global hace falta una propuesta global que incluya, además, el fortalecimiento del marco jurídico internacional. En esa medida, es deseable la conformación de una Autoridad Internacional del Ambiente, capaz de establecer mecanismos suficientes para compensar el costo de oportunidad que para los países de menor desarrollo implica la conservación de recursos en lugar de su utilización y aprovechamiento.

VII. PROPUESTA FINALES

CREACIÓN DE UN CONSEJO ACADÉMICO EUROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
Como un resultado concreto de estas jornadas hemos decido la creación durante el primer semestre del año 2008, de un Consejo Académico Eurolatinoamericano y del Caribe, con el objetivo de monitorear la evaluación de las iniciativas y políticas referidas al Desarrollo Sostenible y la Cohesión Social y de proponer alternativas y realizar un seguimiento de los acuerdos de las cumbres Unión Europea y América Latina y el Caribe.

CREACION DE UNA CATEDRA PERMANENTE EUROPA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
También hemos decidido la creación durante el segundo semestre de 2008, de una Cátedra Permanente Europa - América Latina y el Caribe cuyos propósitos principales sean el intercambio de estudios, investigadores y la reflexión compartida de iniciativas y experiencias. Esta cátedra tendrá desarrollos nacionales en los países de las dos regiones, desde los centros de enseñanza superior, con la colaboración y el auspicio de la cooperación público y privada.

DISEÑO DEL FONDO EUROLATINPAMEROCANO Y DEL CARIBE DE SOLIDARIDAD
Un de las primeras actividades del Consejo Creado será el de promover el diseño del Fondo de Solidaridad Eurolatinoamericano y del Caribe como un instrumento de transferencia estructural de fondos desde Europa hacia América Latina. Es nuestro deseo que la propuesta se encuentre concluida en el primer semestre del 2009.

FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO BIREGIONAL
Impulsaremos entre los años 2008-2009 con los mecanismos e instrumentos de cooperación disponibles, iniciativas muy precisas para el fortalecimiento de los espacios de diálogo birregional, la cooperación económica y social y el libre comercio entre nuestras regiones.

FOMENTO DE LA COOPERACION DESCENTRALIZADA
Desarrollaremos durante los años 2008 y 2009 iniciativas para la cooperación descentralizada, con el propósito de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y locales, incentivando la transferencia y aclimatación de experiencias útiles de gestión descentralizada y políticas públicas regionales y locales exitosas.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y CON EL CAMBIO CLIMATICO
Desarrollaremos en los años 2008 y 2009 actividades específicas de seguimiento nacional y biregional respecto de los Objetivos del Milenio, la abogacía del Informe Mundial del PNUD 2007/2008 sobre Cambio Climático y de las conclusiones de la reciente cumbre de Bali, y actividades de fomento de la adopción de decisiones en materia de estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.

COMPROMISO CON LA INICIATIVA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SIN HAMBRE Y C0N LA INICIATIVA HACIA LA ERRADICACION DE LA DESNUTRICION INFANTIL
Desarrollaremos en los años 2008 y 2009 actividades específicas de respaldo a la propuesta de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de focalizar los esfuerzos de los programas de seguridad alimentaria y nutricional para erradicar la desnutrición infantil para 2015, como parte de un plan de acción conjunto entre la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y la Iniciativa Hacia la Erradicación de la Desnutrición Infantil en América Latina y el Caribe.

IMPULSO DE LA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
Fomentaremos mediante iniciativas y estudios en el ámbito académico, la creación de una Autoridad Mundial sobre Cambio Climático, cuyo foro más apropiado sería el de las Naciones Unidas. En ese mismo sentido de acciones, promoveremos acciones de ambas regiones para potenciar la utilización de los instrumentos existentes en el marco del Protocolo de Kyoto, fortaleciendo los mecanismos institucionales. Asimismo, impulsaremos decisiones para que ambas regiones pongan en marcha instrumentos que se prefiguran para el régimen posterior al 2012, incluyendo incentivos a la reducción de emisiones por deforestación.

En Lima (Perú), a los veintinueve de abril del 2008