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Bosques

Gestión decentralizada de ecosistemas de montañas
Un proceso de descentralización
entraña la transferencia de poder desde los niveles centrales hacia
los órganos locales y las organizaciones de la sociedad civil.
No debe extrañar que iniciativas en esta materia hayan surgido
con fuerza en la última década, en que los conflictos distributivos
derivados del ajuste han adquirido intensidad y en que los cambios en
las relaciones entre el Estado y la sociedad requieren de nuevas formas
de legitimación del poder político.
Así, se puede
entender la gestión descentralizada de ecosistemas de montaña
como la transferencia de funciones y poderes administrativos y la generación
de capacidades técnicas y financieras hacia el ámbito de
unidades locales. Además, la gestión de los ecosistemas
de montañas tiene como objetivo principal permitir la conservación
y el uso sostenible de estos.
No es posible establecer
a priori el mecanismo por el cual se desarrolla un proceso satisfactorio
de descentralización, pues ésta tiene un carácter
idiosincrásico, que depende de muchos factores nacionales y locales.
Como no existe una sola vía para descentralizar, se debe estar
prevenido frente a modelos simplistas que la conciben como un proceso
unidireccional del poder central al poder local.
Los procesos de descentralización
de recursos constituyen un primer paso en la dirección de los cambios
institucionales requeridos. Sin embargo, se advierten ciertos problemas:
las limitaciones que la austeridad fiscal impone; la insuficiencia de
mecanismos que permitan integrar demandas en el marco de objetivos y estrategias
nacionales; la insuficiencia de recursos coherentes con la delegación
de responsabilidades; la ausencia de mecanismos de generación de
recursos propios para aplicar programas de cofinanciamiento; la presencia
a nivel local de paralelismos entre el gobierno local y la administración
central en tareas semejantes; la persistencia de relaciones paternalistas
hacia los sectores más vulnerables; la apropiación por elites
de la definición de los objetivos y los recursos destinados al
desarrollo local; y la reproducción a escala local de la compartimentación
de las funciones públicas propias de los órganos de nivel
central.
La descentralización
de la autoridad y la desconcentración de los recursos debe ir en
estricta correspondencia con el tipo y magnitud de las responsabilidades
que han pasado a ser de competencia local.
La transferencia de
competencias sin los recursos necesarios para ejercerlas da lugar a tensiones
entre el aparato público y la población local y al desprestigio
de la política descentralizadora.
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